SERVICIOS

Una de las obligaciones de los copropietarios de una comunidad se encuentra recogida en el art. 9.c) de la Ley de Propiedad Horizontal: "consentir en su vivienda ó local las reparaciones que exija el servicio del inmueble y permitir en él las servidumbres imprescindibles requeridas para la realización de obras, actuaciones o la creación de servicios comunes llevadas a cabo ó acordadas conforme a lo establecido en la presente Ley, teniendo derecho a que la comunidad le resarza de los daños y perjuicios ocasionados".

Esta obligación sólo es exigible si realmente es el único modo de poder realizar la obra y si el propietario se niega la vía para llevarse a cabo es la siguiente, dependiendo de la urgencia:

  • Si la obra es urgente: hay que realizar una petición ante el juzgado de guardia, aportando informe pericial que demuestre por un lado que la obra solo se puede acometer desde ese punto y por otro que se trata de un asunto urgente.
  • Si no es urgente: se solicitan medidas cautelares ante el juez de primera instancia, aportando informe pericial que demuestre que la reparación/reforma solo puede realizarse desde ese punto.

 

Respecto a lo que debe entenderse como obras obligatorias, hay que distinguir entre:

  • Si están solicitadas por la Administración: se deberán acometer las reparaciones/reformas atendiendo a los plazos dados por la Administración y, por lo general, se tratará siempre de asuntos urgentes.
  • Si están solicitadas por un propietario: hay que valorar la “obligatoriedad” y encargar un informe pericial que así lo dictamine.  El presidente tiene poderes para decidir cuando una obra de reparación es urgente, sin necesidad de someterlo a la consideración de la Junta de propietarios.

Hay que tener cuidado porque el Presidente de la Comunidad pasa a ser el responsable si no realiza la obra y posteriormente sucede un accidente o percance; es recomendable hacer una ampliación del seguro de la Comunidad para que la responsabilidad del presidente quede cubierta dentro de las actuaciones propias de su cargo.

Si no se está seguro de la obligatoriedad de la obra es mejor encargar un informe a un perito que aclare este aspecto.

En caso de que la Comunidad cuente con un Administrador de fincas, éste debe informar de las responsabilidades en que puede incurrir el Presidente y documentarse de su correcta actuación para evitar posibles sanciones.

Si hay propietarios que dudan sobre el carácter obligatorio de la obra puede  convocarse una Junta y aplicar así el Art. 17.10 de la Ley de Propiedad Horizontal ”En caso de discrepancia sobre la naturaleza de las obras a realizar resolverá lo procedente la Junta de Propietarios. También podrán los interesados solicitar arbitraje o dictamen técnico en los términos establecidos en la Ley”.

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